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¿Son las madres libres?

La reforma de la ley del aborto que propone el Ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, ha recibido muchas críticas, aunque ha contado con el beneplácito de la parte más conservadora de la sociedad española. El debate entre los derechos de la mujer y del nonato parece ser eterno en una ciudadanía que vive sumida en una crisis económica y social. Especialistas de diversas áreas aclaran qué supone esta posible reforma y su incidencia en la libertad de la mujer.

Autor: gaelx en Flickr
Autor: gaelx en Flickr

España es un país que entra dentro de la categoría de “alto riesgo de malestar social” en 2014 tal como afirmaba hace unos meses el diario The Economist. Las reformas fiscales y económicas que afectan a pilares básicos de toda sociedad como la Educación y la Sanidad han ganado gran eco y han incrementado el descontento social. Ante este contexto, muchos podrían pensar que la reforma de la ley del aborto iniciada por el ministro Ruiz Gallardón, pasaría desapercibida; sin embargo, esto no ha sido así y numerosos grupos de mujeres se han echado a las calles para defender sus derechos. Pero, ¿de qué derechos se están hablando?

La ley del aborto fue promulgada en España por la Ley Orgánica 9/1985 y posteriormente sustituida por la Ley Orgánica 2/2010 que señala que la interrupción voluntaria del embarazo será libre dentro de las 14 primeras semanas de gestación, informando previamente a la mujer sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas que tiene la maternidad. La ley de 2010, además, amplía el plazo para abortar hasta las 22 semanas de gestación por causas médicas (dadas determinadas circunstancias como riesgo para la vida o salud de la madre, anomalías graves en el feto, anomalías fetales incompatibles con la vida, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico) y regula el proceso en menores embarazadas. “En el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad”, señala la ley.

Frente a esto, el actual ministro de Justicia español ha llevado al Congreso de los Diputados su “Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada”, lo que por ahora es un anteproyecto de ley, pero que debido a la mayoría parlamentaria del partido gobernante podría pasar a ser parte de la jurisdicción de este país.

Las novedades que incluye este anteproyecto de ley son las siguientes:
• La mujer queda obligada a reflexionar su decisión de abortar durante un mínimo de 7 días.
• Se elimina la posibilidad de interrumpir el embarazo libremente hasta las 14 semanas.
• Sólo se podrá interrumpir el embarazo hasta la semana 22, en los casos de que suponga “grave peligro para la vida o la salud psíquica o física de la mujer”, y hasta la semana 12 en los casos de que la mujer haya sido víctima de violación.
• Toda mujer necesitará para abortar los dictámenes de dos especialistas, distintos al que vaya a practicar el aborto y que no trabajen en ese mismo centro.

El ministro de Justicia justifica este cambio en la legislación por una supuesta necesidad de proteger al nonato. “No entiendo que se desproteja al concebido, permitiendo el aborto, por el hecho de que tenga algún tipo de minusvalía o de malformación. Me parece éticamente inconcebible que hayamos estado conviviendo tanto tiempo con esa legislación”, afirmaba Ruiz Gallardón en una entrevista a La Razón.

Desmontando el retroceso

Desde los primeros momentos en que se ha dado a conocer este anteproyecto de ley las críticas no han cesado y han venido desde diversos ámbitos. Así, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a través de un informe preliminar sobre la que podría ser futura ley, tacha a esta propuesta del ministro de Justicia de “anacrónica criminalizadora”. “No puede considerarse como la respuesta adecuada a una demanda social de protección de concebido porque esa demanda no existe como demuestra el hecho de que el anuncio de presentación y aprobación del anteproyecto por el Consejo de Ministros haya creado una verdadera alarma social”, señala el informe previo que aconseja “reconsiderar y retirar este anteproyecto que nos aleja de los países de nuestro entorno y que supone un retroceso en el avance de los derechos y la igualdad de la mujer”.

Si esta crítica viene de los especialistas en Derecho, los profesionales de la Medicina también se muestran contrarios a la propuesta legislativa de Ruiz Gallardón. “Hoy en día las mujeres que recurren a una interrupción voluntaria del embarazo lo hacen porque afrontan un embarazo no deseado o imprevisto y nada hace presuponer que dejarán de sopesar esa posibilidad. No observar por parte de los/as legisladores/as esta circunstancia es dar la espalda a la realidad”, afirman, a través de un manifiesto unos 2.000 profesionales sanitarios, entre los que se encuentran especialistas en ginecología, genética, psiquiatría y salud pública.

Además, los firmantes de dicho comunicado alertan sobre un posible aumento de las interrupciones tardías del embarazo. “Se ha intensificado la tendencia hacia el aborto temprano y hoy el 90 % de los abortos se realizan dentro del primer trimestre de gestación (un 68 % en gestaciones inferiores a las 8 semanas), evitando así los riesgos biológicos, psicológicos y sociales derivados de los abortos tardíos. Abortos, estos últimos, que se incrementarán cuando se restrinja el acceso voluntario de la mujer a la interrupción”.

Pero eso no es todo, desde el ámbito sanitario se recuerda el retroceso legislativo que supondría esta ley en un contexto de países en los que sus legislaciones “permiten la libre decisión de la mujer durante un determinado periodo de gestación, entre las 10 y las 24 semanas”.

“Más de 5 millones de mujeres en el mundo sufren complicaciones médicas derivadas de un aborto inseguro y 47.000 mueren en uno de los más de 22 millones de abortos clandestinos que se realizan cada año, según la OMS [Organización Mundial de la Salud]. Esa y no otra es la realidad. Frente a ella, 68 países, un 25% del total, reaccionan legislando restrictivamente o prohibiendo el aborto. Por el contrario, 73 países, el 61% de la población, han optado por normas que no establecen restricciones en cuanto a la razón para abortar o admiten razones socio-económicas amplias. El resto, 14%, permiten el aborto por causas médicas. La sociedad española debe decidir si se posiciona a favor de la realidad sanitaria, jurídica y social de los países con leyes que respetan el derecho a decidir de las mujeres, o si quieren emular a aquellos que no lo hacen, poniendo en peligro la vida de las mujeres”, afirman los firmantes del manifiesto.

Por otro lado, desde la organización Amnistía Internacional se pide también la retirada de este anteproyecto de ley que “restringe el acceso de mujeres y niñas a servicios de aborto seguro y legal”.

A través de Jezerca Tigani, directora adjunta para Europa de Amnistía Internacional, dicha ONG pro Derechos Humanos muestra su preocupación por lo que supondría esta reforma para la sociedad española. “Esta reforma podría causar un aumento en el número de mujeres y niñas que recurren a procedimientos peligrosos, inseguros, clandestinos e ilegales, poniendo en riesgo su salud, y hasta su vida. Además, limita el derecho de las mujeres y niñas a tomar decisiones por sí mismas y restringe su autonomía”, aseguraba Tigani.

“El anteproyecto es, discriminatorio. Si es aprobado, afectará desproporcionadamente a mujeres jóvenes y en situación de pobreza, puesto que no tienen los medios necesarios para viajar al extranjero y acceder a abortos seguros y legales”, añadía Esteban Beltrán, Director de Amnistía Internacional en España.

Frente a todos estos argumentos se encuentra, en el otro extremo de este debate, la Federación Española de Asociaciones Provida que basa su lucha contra el aborto en palabras como las de la religiosa Teresa de Calcuta de que “el aborto es un homicidio en el vientre de la madre. El aborto mata la paz del mundo”.

Los derechos del no nacido frente a los derechos de la mujer, este es el eterno dilema que parece lejos de resolverse en la sociedad española. Quizás nuevas preguntas ayuden a aclarar la cuestión como: ¿En qué punto un ser humano comienza a considerarse como tal? ¿Qué ocurre si una mujer no quiere ser madre nunca? ¿Son las mujeres meras fábricas de bebés? ¿Es sensato poner en peligro la vida de una mujer por la de un feto que difícilmente sobreviva? ¿Es necesario que más mujeres y niñas pasen por lo mismo que Beatriz y Belén?

Ruth García Hernández