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En el comercio internacional no todos juegan con las mismas reglas

Los datos hablan por sí solos. A finales del siglo XX, las tres personas más ricas del mundo tenían activos que superaban el PIB combinado de los 48 países menos adelantados, donde habitaban 581 millones de personas. Pero con el cambio de siglo las cosas no cambiaron y según el Informe sobre Desarrollo Humano de 2010 del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD), “por cada país donde la desigualdad ha disminuido en los últimos veinte años, aumentó en más de dos”. Si nos fijamos en lo que se conoce como pobreza multidimensional, es decir, aquellos que son pobres absolutos en varias dimensiones como la salud, la nutrición, la educación, la vivienda, el acceso a la electricidad y saneamientos o la disponibilidad de agua y disponibilidad de combustible para cocinar; vemos como más de 1.750 millones de personas se encuentran en esta situación, lo que supone el 25% de la población mundial. El número de personas muy ricas ha aumentado desde el año 2000 hasta el 2009 en casi el doble y los millones de personas subnutridas sigue sin parar de aumentar y la cifra supera ya los más de 1.000 millones de individuos. Podríamos seguir dando más y más datos pero en resumen se podría decir que el mundo es hoy más desigual que en cualquier otro periodo desde la Segunda Guerra Mundial.

Autor: CECJ

Los mecanismos injustos del comercio internacional y la desregulación con la que operan las grandes empresas favorecen esa concentración de riqueza e impiden, al mismo tiempo, la redistribución de los beneficios empresariales para luchar contra la pobreza. El comercio internacional, tal y como se plantea desde las lógicas neoliberales, deja fuera de su acceso a millones de personas que podrían beneficiarse de la capacidad de éste para reducir la pobreza. Las desigualdades entre las zonas enriquecidas y empobrecidas se han acrecentado en las últimas décadas, ya que las normas y las instituciones que rigen el comercio internacional favorecen a los países desarrollados y no permiten a los países menos adelantados (PMA) su derecho a la soberanía alimentaria y a decidir si quieren formar parte del comercio internacional y de qué manera quieren hacerlo. La soberanía alimentaria es definida por el Movimiento Vía Campesina como: «El derecho de los pueblos a definir sus propias políticas de agricultura y alimentación, a proteger y regular la producción y el comercio agrícola interior para lograr sus objetivos de desarrollo sostenible, a decidir en qué medida quieren ser autónomos y a limitar el dumping de productos en sus mercados».

Según la organización Oxfam International, si tan solo se viera incrementado un 1% la participación en las exportaciones mundiales de África, América Latina y el sudeste asiático, el aumento de los ingresos podría liberar a 128 millones de personas de la pobreza. En teoría desde los países más desarrollados se trabaja para buscar formas de reducción de la pobreza, pero las prácticas económicas y comerciales muestran como la lógica sigue siendo que para el crecimiento económico de muchos países, otros tienen que hundirse en la pobreza.

Los países desarrollados actúan bajo la premisa: libre comercio o proteccionismo, según convenga. Y esto puede verse, por ejemplo, en que las exportaciones de los países en vías de desarrollo hacía los países ricos se enfrentan a barreras arancelarias cuatro veces superiores que cuando esto sucede al revés, siendo por tanto unas normas comerciales consideradas injustas e hipócritas por parte de los países ricos. Lo mismo sucede cuando desde organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM) se presiona a los países empobrecidos para que abran sus mercados de manera abrupta, con las consecuencias negativas que tienen en muchos casos para éstos, mientras que los países del Norte actúan con barreras proteccionistas a productos que provienen del Sur. Según el PNUD “de abolirse todas las barreras que imponen los países ricos a las mercancías de los PMD, el aumento de las exportaciones equivaldría al doble de lo que reciben en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)”.

La hipocresía es la base del comercio internacional haz lo que yo digo, no lo que yo hago. La actuación de los países ricos, que dicen tener entre sus máximas acabar con la pobreza, no se corresponde con las prácticas del comercio internacional que demuestran sino todo lo contrario. Porque libre comercio, no es lo mismo que comercio libre.

¿Hacia dónde queremos que vaya el Comercio Justo?

Autor: CECJ-M.Charlón

Los datos anteriormente citados ya dejan claro el porqué existe el Comercio Justo como alternativa surgida en los años cincuenta al sistema de comercio convencional injusto y desigual que hemos descrito. Responde a la necesidad de que el comercio mundial y la producción estén al servicio de las personas teniendo como ejes principales los derechos de los trabajadores y trabajadoras y el respeto al medio ambiente.

Muchos expertos señalan como el Comercio Justo se encuentra en un momento de su desarrollo clave en el que los movimientos y las organizaciones que trabajan en este campo deben decidir qué camino tomar. La pregunta base para la reflexión es: ¿Hacia dónde queremos que vaya el Comercio Justo?

Quizás los mayores debates y discrepancias se empezaron a dar en nuestro país cuando en marzo de 2004 la Coordinadora Estatal de Comercio Justo aprobó la Iniciativa Nacional del sello FLO para certificar los productos del Sur en España. Desde la perspectiva tradicional y dominante, discurso apoyado por Oxfam, se defiende que el objetivo se encuentra en aumentar las ventas de los productos para que esto reporte los máximos beneficios a productores del Sur. Pero, ¿a qué precio? El precio ha sido que las grandes superficies hayan entrado a vender productos de Comercio Justo, por ejemplo en España el consumo de estos productos creció un 6% en 2012 alcanzando los 28 millones de euros. Esto son datos del informe El Comercio Justo en España 2012. Alianzas en movimiento. Aunque dicho estudio también destaca que a pesar de que se ha producido un aumento en la venta de productos de alimentación, ha caído la venta en las tiendas de Comercio Justo como también de los artículos de artesanía.

Se ha permitido que empresas como Nestlé, Mcdonalds o grandes superficies como Carrefour vendan productos de Comercio Justo cuando ellos son el máximo exponente de la injusticia y los abusos hacia los productores del Sur. Que las grandes cadenas o superficies comerciales vendan este tipo de productos es más bien para ellos un lavado de cara para su imagen. ¿Realmente les preocupa que el comercio sea más justo y equitativo cuando en sus vitrinas siguen estando productos que violan flagrantemente los derechos humanos y los derechos medioambientales? La respuesta es un rotundo no. Quizás el camino que debe seguir el comercio justo es alejarse de que el único objetivo sea ampliar los mercados y lograr el aumento de las ventas independientemente de quién y cómo lo venden.

Pero ¿Cómo se logra que las grandes superficies vendan productos de Comercio Justo? A través del sello FLO (Fairtrade Labelling Organization). Este sello difiere mucho de la certificación que realiza por ejemplo la IFAT (International Fair Trade Association) o los llamados sellos participativos que son certificaciones de los procesos de producción y comercialización controlados por los propios productores. El sello FLO certifica las condiciones de trabajo y elaboración de los productos del Sur sin tener en cuenta quien los distribuye ni quien los comercializa en los países del Norte. Muchos críticos destacan como el sello FLO reduce la capacidad de control del pequeño productor sobre el proceso de comercialización de su producto. Las relaciones de Comercio Justo pasan a basarse en muchos casos en una relación comercial en donde el buen precio que ofrece una cadena comercial obliga a los productores a vender sus productos a estas grandes superficies sin que estén de acuerdo con el sistema comercial que estos emplean. Además, se dan muchos casos en los que la demanda de productos alimentarios aumenta en tal medida que los productores de Comercio Justo se ven obligados a aumentar la producción y a centrarla en pocos productos. Aliarse con los poderosos abre caminos fáciles y con resultados rápidos, pero lo que nos deberíamos plantear es si queremos ir en esta dirección o queremos que el Comercio Justo no se aleje de sus planteamientos morales y éticos por el simple hecho de aumentar las ventas más y más.

María Álvaro Navarro.

Periodista valenciana afincada en Madrid. Dedicada a la comunicación de temas sociales. Ha trabajado en el departamento de comunicación de Cruz Roja Española y actualmente lo hace en Greenpeace España. Se une al equipo de Miradas por el Desarrollo en marzo de 2014.

Imágenes: Coordinadora Estatal de Comercio Justo.

 

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Empresas transnacionales: desregularización e impunidad

Las empresas transnacionales han sido y todavía son las reinas de la fiesta capitalista, junto con los mercados financieros. De las cien principales unidades económicas de todo el mundo, cuarenta y nueve son Estados y cincuenta y una son empresas transnacionales. Señal inequívoca de quién va ganando la partida. La falta de control y regulación nacionales, y sobre todo internacionales, han hecho que la mayoría de las principales empresas del mundo hayan recurrido a la deslocalización de sus fábricas para llevárselas de países desarrollados a países del Sur donde los costos se abaratan a base de falta de derechos laborales, y lo pueden hacer sin rendir cuentas en materia social, medio ambiental o económica, con total impunidad.

Seguimos concibiendo la empresa transnacional como un ente ajeno a la vida social de una comunidad, como una propiedad privada en la que solo corresponde al dueño tomar decisiones, y los empleados o simplemente a las personas a cuya vida afecta la actividad empresarial no tienen voz ni voto para evitar los abusos que muchas de ellas han perpetuado a lo largo y ancho del planeta.

La Responsabilidad Social Empresarial es un término que está muy de moda: se estudia en cada vez más masters empresariales y parece perfilar el retrato de la empresa futura sobre unas bases de decencia que siguen sin ser vinculantes y se quedan en meras recomendaciones. El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa define el concepto como:

La forma de conducir los negocios de las empresas que se caracteriza por tener en cuenta los impactos que todos los aspectos de sus actividades generan sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medio ambiente y sobre la sociedad en general. Ello implica el cumplimiento obligatorio de la legislación nacional e internacional en el ámbito social, laboral, medioambiental y de Derechos Humanos, así como cualquier otra acción voluntaria que la empresa quiera emprender para mejorar la calidad de vida de sus empleados, las comunidades en las que opera y de la sociedad en su conjunto”.

Esto suena fantástico y puede ser el inicio de un planteamiento empresarial diferente, pero no servirá de nada mientras esa legislación nacional e internacional a la que se alude sea inexistente en materia de control de empresas transnacionales, y mientras los Derechos Humanos no dejen de ser una bonita declaración de intenciones y no pasen a ser de obligado cumplimiento porque a día de hoy no comprometen legalmente a nada.

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El apartado H.16 de las Normas de Naciones Unidas sobre Responsabilidades de las Empresas Transnacionales se especifica que

Las empresas transnacionales y otras empresas comerciales serán objeto de una vigilancia y verificación periódica por mecanismos nacionales y otros mecanismos internacionales de las Naciones Unidas que ya existan o estén por crearse, en lo que respecta a la aplicación de las Normas”.

De dichos mecanismos no se especifican en las Normas ni siquiera los que se supone que existen en las propias Naciones Unidas. Sin duda da que pensar, ya que es el único punto que plantea algo parecido a un control efectivo sobre la actividad empresarial, y no hay nada en la normativa relativo a herramientas para hacer justicia, presentar denuncias, multas o pago de responsabilidades.

Las Normas Directrices de la OCDE para empresas Multinacionales no son menos irrisorias, ya en su preámbulo dejan muy claro que la vocación es básicamente indicar lo que se debería hacer, sin imponer absolutamente nada y dejando la responsabilidad de su aplicación en manos de los Estados y no en el las propias multinacionales que, por lógica, son las últimas responsables de sus actos. En última instancia estas normas no están por encima de la legislación estatal, así que la última palabra la tiene el Estado, por lo que la vinculación real al cumplimiento de estas normas es más bien poca. Son, tal y como señala la declaración nada más empezar, recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las empresas multinacionales, por lo tanto no se pueden considerar legislación internacional.

Las Directrices enuncian principios y normas voluntarias para una conducta empresarial responsable compatible con las legislaciones aplicables y las normas internacionalmente admitidas. Sin embargo, los países suscriptores de las Directrices contraen el compromiso vinculante de ponerlas en práctica […] Además los temas que abordan las Directrices también pueden estar sujetos a leyes nacionales y a compromisos internacionales”.

Eso si, son normas muy motivadoras que abarcan ámbitos que van desde los Derechos Humanos, la no discriminación, la transparencia y publicación periódica de informaciones, el reconocimiento a la libertad de sindicación y de negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzado e infantil, el cuidado del medio ambiente, la  lucha contra la corrupción y los pagos ilícitos o favores políticos, el control interno empresarial, la competencia leal, la mejora tecnológica, la protección de los consumidores e incluso la promoción de la educación de los mismos. Desde luego completos son, demasiado para quedarse tan a menudo en papel mojado.

¿Siempre Coca-Cola?

Aunque muchas personas han oído hablar de los abusos de las empresas transnacionales en los países del sur, no es en estos aspectos en los que profundizaremos hoy, por una mera cuestión de espacio y de actualidad. Hoy echaremos una mirada cercana a la empresa que es el buque insignia de las multinacionales: Coca Cola, la empresa de bebidas más grande del mundo, y que distribuye más de quinientas marcas. Una empresa que está en el punto de mira de la actualidad por haber convocado un ERE que pretende dejar sin trabajo a setecientos cincuenta trabajadores de plantas embotelladoras de este refresco en toda España.

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Este problema viene en origen de un proceso de concentración empresarial que dio lugar a Coca Cola Iberian Partners, surgida en 2012 de la fusión se las siete empresas familiares que antes se encargaban de envasar el popular refresco y que sumaban entre sí once plantas de embotellado. Las empresas declararon en su momento que el objetivo de la unión era más societario que industrial. Sin embargo a finales de 2013, emitieron un comunicado anunciando medidas de reestructuración que afectaría con cambios o despidos al veinte por ciento de la plantilla resultante de la unión de las siete plantas.

El ERE se presentaría de forma oficial el 22 de enero, afectando a cincuenta empleados más de lo previsto, siendo el total de afectados de mil doscientos cincuenta trabajadores, y comunicándose el cierre de cuatro plantas (Fuenlabrada, Alicante, Palma de Mallorca, y Asturias) que implaría el despido directo de setecientos cincuenta empleados y la recolocación de otros quinientos.

El portavoz de Comisiones Obreras en una de las plantas embotelladoras implicadas en el ERE, Juan Carlos Asenjo, ha declarado al diario Cinco Días que el Gobierno “no puede permitir a empresas con más de novecientos millones de euros de beneficios que apliquen la reforma laboral”. Sin embargo en este punto nos encontramos con el conflicto expuesto anteriormente: la legislación nacional impera sobre las declaraciones de buenas intenciones internacionales, y los preceptos de la reciente reforma laboral permiten que Coca-Cola Iberian Partners se adscriba a la posibilidad de convocar un Expediente de Regulación de Empleo “por causa económicas, técnicas, organizativas o de producción” que ya no necesita ninguna aprobación administrativa con su correspondiente revisión y necesidad de acuerdo entre las partes. Expedientes de este tipo de desestimaban solo por desacuerdo de las partes en un 95% de los casos con anterioridad a la aprobación de la reforma.

La presidenta de Coca Cola Iberian Partners se llama Sol Daurella. Se le estima una fortuna de ochocientos cincuenta millones de euros, y ha aparecido en la lista de la revista Forbes en el puesto diecinueve de las personas más rica de España. El vicepresidente de la misma compañía, Mario Rotllant Sola, ocupa trece cargos administrativos de distinta índole en varias empresas (con sus respectivos sueldos). Son una muestra humana de que Coca Cola Iberian Partners no está en crisis, de que no hay motivo para dejar a setecientas cincuenta personas en paro en un país tan aquejado por la crisis económica como España, donde queda en evidencia que la crisis no es para todos.

No obstante, no está todo perdido. Recientemente hemos comprobado que la movilización social sirve para algo: casos como el de la victoria de los vecinos de Gamonal en Burgos, o la de la marea blanca en Madrid deben servirnos de referentes para apoyar las luchas que ahora se libra en las calles de las ciudades afectadas por este ERE. Porque una empresa no es solo cosa del empresario, es también asunto de los trabajadores, es su sustento y la materialización de su derecho al trabajo (recogido por la Constitución, que aunque es totalmente vinculante, en estos casos no lo parece) y es la garantía de que puedan llevar una vida digna, que en última instancia, tiene que ver con los Derechos Humanos. Porque todos estos abusos no concuerdan con las normas y declaraciones expuestas al inicio de este artículo, y porque no podemos permitir que todo lo que ampara al trabajador se quede siempre en declaración de intenciones.

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Miles de personas están saliendo a las calles, los paros en las fábricas y las manifestaciones aumentan, y el resto de los ciudadanos tenemos dos opciones: quedarnos mirando o tomar partido. Participar en las marchas y manifestaciones, apoyar a los trabajadores amenazados por el ERE, son medidas importantes a tomar, pero si queremos ir un paso más adelante no debemos olvidar nuestro poder como consumidores: no comprar Coca Cola. Puede parecer que nada tiene solución, y eso será cierto si no se intenta. Ante estos abusos, lamentablemente amparados por la ley actual y por un gobierno permisivo en exceso, debemos tomar parte activa. A las empresas transnacionales como Coca Cola no se les vota en las urnas cada cuatro años, se les vota cada día eligiendo sus productos para nuestro consumo. Ahora, ¿seguiremos eligiendo “siempre” Coca Cola? ¿O preferimos unirnos a esos que ya han conseguido hacer descender un 40% las ventas de la marca desde el inicio de la huelga? La decisión, en nuestras manos.

Alba Sánchez Serradilla