O Derechos Humanos, O Doctrina Parot

 

“Los derechos humanos son para todos, también para quienes lo pisotean: para los asesinos más terribles, para los etarras o los violadores”. Así comenzaba Ignacio Escolar su artículo sobre la controvertida Doctrina Parot hace unos días. Con él quería comenzar esta reflexión sobre los límites en materia de derechos humanos.

Desde el pasado día 21 ha habido poco margen en los temas de discusión en la sociedad española. La Doctrina Parot ha acaparado toda la atención estos días desde que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tumbó dicha doctrina, ordenando liberar de manera inmediata a la etarra Inés del Río y abriendo la puerta a decenas de excarcelaciones. No hace falta decir que desde entonces el nivel de alarma en nuestras calles ha sido elevado, pero lejos de encontrar opiniones bien informadas, podemos encontrarnos con auténticas atrocidades en materia de opinión. Véase las movilizaciones  de la AVT estos días acompañadas por los máximos dirigentes del PP. La venganza no  puede venderse como sustitutivo de la justicia y de ahí el motivo principal de este artículo.

Comencemos por el principio, ¿En qué consiste la Doctrina Parot?. Pues bien, consiste en aplicar los beneficios penitenciarios (estudiar, trabajar…) sobre cada una de las penas del recluso, y no sobre el máximo legal permitido, 30 años de cárcel según la ley de aquel momento. La doctrina fue establecida por el Tribunal Supremo en 2006 para evitar, así, que los terroristas condenados conforme al Código Penal de 1973 (establecía un día de redención por cada dos de trabajo), pudieran salir de prisión antes de cumplir ese máximo legal. Las reducciones ya no se descontarían de esos 30 años sino de cada una de las condenas impuestas que se irían cumpliendo sucesivamente empezando por la de mayor cuantía. Cabe decir que esta norma sólo se aplicaría a los presos condenados antes de 1995 ya que en este mismo año fue reformado el código penal. Posteriormente, en 2003 se modificó el límite efectivo de cumplimiento de la pena que fue elevado a los 40 años, al igual que la posibilidad de redimirla con trabajo.

Se evitó así que Henri Parot (la doctrina se debe a su apellido), condenado por el atentado a la casa cuartel de Zaragoza en el que murieron 11 personas, saliera de prisión tras haber cumplido 16 años de cárcel. Ley, pues, hecha a medida.

El Supremo cambió la forma de interpretar los beneficios penitenciarios y alargó las condenas. De ahí surge el problema principal:  uno de los principios básicos del derecho es la no retroactividad de las condenas, y esto, guste más o menos, es un hecho gravemente violado en la tan popular doctrina. No se puede endurecer una pena de cárcel a posteriori y en este sentido Estrasburgo lo deja muy claro.

Ya en 2012 Inés del Río interpuso un recurso contra la Doctrina Parot y, ya entonces, la Sala pequeña del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos le dio la razón rotundamente. Recordemos que Inés del Río tenía que haber sido puesta en libertad el 2 de Julio de 2008 pero se le anunció días antes que debía permanecer en la cárcel hasta el 2017.

La Sala pequeña del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos dictaminaba así que se violaban los artículos 5 y 7 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos (Derecho a la libertad y la igualdad, y no hay castigo sin ley) que establecen, entre otros, que “no pueden ser impuestas penas más graves que la aplicada en el momento en el que la infracción haya sido cometida”. Además, añadían, la doctrina no sólo atenta contra dicho convenio sino que atenta contra la propia Constitución Española que en su artículo 9 prohíbe la retroactividad de las normas. Obligaba, entonces, al Gobierno español a indemnizar a la etarra con 30.000 euros, momento por el cual el Gobierno decidió recurrir la resolución ante la Gran Sala, que el pasado día 21 sentenció dicha resolución de forma inapelable con la unanimidad de sus 17 magistrados.

Como miga del asunto comentemos que entre esos magistrados se encuentra el español Luis López Guerra. La cuestión podría no tener mayor trascendencia si no fuera porque Luis López Guerra era secretario de Estado de Justicia del Gobierno español cuando comenzó a aplicarse la prolongación de la condena. Lo nombró en abril de 2004 el entonces ministro Juan Fernando López Aguilar, y permaneció en el cargo durante toda la legislatura. Antes, Luis López Guerra había sido diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial de 1996 a 2001 y, anteriormente, vicepresidente del Tribunal Constitucional entre 1992 y 1995. En octubre de 2007 se incorporó a la Corte de Estrasburgo.

En definitiva lo que está claro es que en las últimas semanas hemos asistido a pronunciamientos diversos y de gran importancia que ponen en duda esta doctrina, y esto no podemos pasar de largo. Es un castigo añadido fuera de la Ley en un Estado Democrático, ahí reside la crudeza de una doctrina más que debatible.

Mariu Berruezo.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s