Ayer leía un titular en el periódico La Razón que decía «La barra libre sanitaria para los sin papeles cierra el 31 de Agosto». Dicho artículo, con tan más que cuestionable titular, surgía a raíz del Real Decreto que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, y por el cual, entre otras medidas, el seguro público para inmigrantes sin papeles costará 60 o 157 euros al mes, dependiendo de la edad de éstos.
Si partimos de la base de que la mayoría de personas en situación de inmigración irregular tienen una pésima situación económica esta medida ya es, de antemano, más que cuestionable, por no hablar del derecho a la salud olvidado por nuestros gobernantes, o el impacto que va a tener en estas personas, desprotegidas ya de los derechos más fundamentales.
Alpha Pam vivía desde hace varios años en la localidad mallorquina de Can Picafort y murió el 21 de Abril como consecuencia de una tuberculosis que no fue tratada por carecer de tarjeta sanitaria. Él es el ejemplo de que esta medida es más que discutible, y nos debe hacer reflexionar sobre la crueldad de ella. Si las leyes son para todos, es evidente que las consecuencias son diferentes para según qué tipo de colectivos, y es que hay que distinguir con claridad lo que es el turismo sanitario, de la asistencia sanitaria a los inmigrantes, porque no es lo mismo «aprovecharse» que tener derecho a la vida. De personas, no lo olvidemos, que ya parten de una situación de exclusión social por lo que no es difícil que la mayoría de ellos padezcan de graves problemas de salud. Es, por lo tanto, un decreto que evidencia que los grupos desfavorecidos tienen menores oportunidades de supervivencia.
Y es que, hago la siguiente pregunta al respecto, ¿Qué se puede limitar? Pues bien señor Rajoy, todo. Todo, excepto los mínimos. Se limita la atención sanitaria a los casos urgentes, lo que lleva a plantearse qué es urgente o no, fundamentalmente a los médicos que tendrán la responsabilidad de ser jueces sobre quién y hasta dónde un paciente tiene derecho a que se le atienda. Por no hablar de la falta de información al respecto en los centros de salud. En definitiva, parece que la salud de muchas personas depende también de la suerte que tengan. Tan ético, como triste, vaya.
873.000 personas se encuentran en esta situación en nuestro país, 873.000 inmigrantes en situación irregular a los que el Estado les ha retirado la tarjeta sanitaria en aplicación a este decreto.
Por cierto, ¿os hablé de que ese precio que el Ministerio de Sanidad prevé cobrar a los inmigrantes sin papeles es hasta un 30% más caro que los seguros privados? La sospecha está servida.
Mariu Berruezo.
Miradas por el Desarrollo 